La presentación fue realizada por el abogado Fernando Soto, apoderado del Ministerio de Seguridad, “por indicación expresa” de Bullrich. Según el escrito, la divulgación de los registros tiene una “gravedad inusitada” porque se trata de “audios privados, jurídicamente inocuos y carentes de toda relevancia penal”.

La censura judicial

En paralelo, el juez Patricio Maraniello prohibió la difusión de las grabaciones que involucran a la hermana del presidente. El magistrado ordenó que ningún medio ni plataforma digital pueda reproducir las conversaciones, presuntamente registradas en el ámbito de la Casa Rosada.

La resolución se conoció tras la denuncia oficial de una “operación de inteligencia ilegal” presentada por el Gobierno ante el juzgado federal de Ariel Lijo y la fiscalía de Carlos Stornelli.

Adorni y la versión oficial

El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que no se trata de una filtración, sino de un ataque planificado. “Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, declaró.

El riesgo para la libertad de prensa

La decisión de Bullrich de pedir allanamientos a periodistas que publicaron información de interés público constituye un salto de calidad en la ofensiva oficial contra los medios. El argumento de “gravedad inusitada” contrasta con el propio reconocimiento del Ministerio de Seguridad de que los audios son “inocuos y carentes de relevancia penal”.

El caso abre un debate delicado: mientras el Gobierno insiste en blindar a la hermana presidencial bajo el paraguas de la “inteligencia ilegal”, la Justicia ya comenzó a imponer restricciones que afectan directamente el derecho a informar y el acceso a la información.

En este clima, el oficialismo busca instalar la idea de conspiración, pero lo que queda en evidencia es un intento de disciplinamiento mediático, con la libertad de prensa en el centro de la tormenta. 

Fuente: El Argentino.