El gobierno de Javier Milei intensificó el ajuste sobre las políticas sociales en julio, con una caída real del 5,7% en el gasto destinado a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares, según un informe de la consultora Analytica. Esta es la primera contracción registrada desde el inicio de la gestión libertaria en este rubro clave para la economía de las familias trabajadoras.
La reducción se explica principalmente por una caída del 20,6% en las asignaciones familiares, mientras que la AUH mostró un comportamiento diferenciado con un crecimiento del 5,6%. Esta disparidad refleja el impacto diferencial de las medidas de ajuste sobre distintos sectores de la población.
«En el interanual de julio, se registra por primera vez una caída real en el gasto en AUH y asignaciones familiares (-5,7%), explicado por la reducción en asignaciones (-20,6%), mientras que la AUH se mantuvo al alza (+5,6%)», señaló la consultora Analytica en su análisis del gasto público.
Pese a la caída de julio, el acumulado de los primeros siete meses del año aún muestra un incremento del 2,3% en términos reales respecto al mismo período de 2023. Sin embargo, esta cifra no logra compensar la pérdida de poder adquisitivo que vienen experimentando las familias beneficiarias debido al proceso inflacionario.
El informe detalla que «los mayores aumentos en pesos constantes respecto al acumulado enero-julio 2024 fueron las transferencias corrientes a provincias (+120,7%), el gasto en bienes y servicios (+23,2%), las asignaciones familiares y por hijo (+17,0%), particularmente la AUH (+25,9%), y las jubilaciones y pensiones (+16,3%)».
El recorte en las políticas sociales forma parte de un ajuste más amplio que incluye reducciones drásticas en otras áreas del gasto público. Según el relevamiento de Analytica, las partidas con mayores ajustes reales en el acumulado de los primeros siete meses fueron los programas sociales (-21,8%), la obra pública (-47,4%) y el gasto en subsidios económicos (-51,9%).
Particularmente significativa es la reducción del 61,1% en los subsidios asociados a la energía, una medida que impacta directamente en el bolsillo de las familias a través del aumento de las tarifas de luz y gas.
La caída registrada en julio representa un punto de inflexión en la política social del gobierno de Milei, que había mantenido cierta estabilidad en las transferencias directas a las familias durante los primeros meses de gestión. La profundización del ajuste coincide con la implementación de nuevas medidas de reducción del gasto público que el Ejecutivo denomina «motosierra».
El gasto devengado total registró una caída del 1,5% interanual a precios constantes en julio, evidenciando la continuidad de la política de austeridad fiscal que caracteriza a la administración libertaria.