El Gobierno nacional formalizó este martes la eliminación de la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a través del Decreto 571/2025, publicado en el Boletín Oficial, desafiando abiertamente la decisión legislativa que rechazó por amplia mayoría los cambios estructurales en el organismo.

La medida transfiere todas las funciones de la Dirección Nacional suprimida directamente a la Presidencia del INTA, actualmente ocupada por Nicolás Bronzovich, en lo que constituye una concentración de poder sin precedentes en la historia del Instituto.

Rechazo legislativo ignorado por Casa Rosada

La Cámara de Diputados había rechazado por mayoría absoluta el decreto 462/2025 que dispuso la reestructuración integral del INTA, superando los dos tercios necesarios. La votación arrojó 141 votos afirmativos al rechazo, 65 en contra y una abstención, en una clara demostración de la oposición parlamentaria a la reforma.

El decreto rechazado por los legisladores transformaba al INTA de organismo descentralizado a desconcentrado, eliminando su modelo de gobernanza histórico y convirtiéndolo en una dependencia directa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Ahora el tratamiento debe pasar al Senado, donde «la mayoría opositora es aún superior que en la Cámara Baja, lo que implica que el rechazo al decreto -de ratificarse- dejaría sin efecto los cambios», según consignó el medio especializado Infocampo.

La maniobra jurídica del Ejecutivo

Para sortear el rechazo legislativo, el Gobierno se amparó en las facultades del presidente del INTA establecidas en el artículo 4° del Decreto-Ley Nº 21.680/56, que permite al titular del organismo proponer modificaciones en la estructura organizativa.

En base a esa normativa, Bronzovich elaboró un informe que impulsó la supresión de la Dirección Nacional. El Ejecutivo argumentó en el decreto que «las actuales funciones del Presidente del Instituto resultan superpuestas con las oportunamente asignadas a la Dirección Nacional» y que «las razones operativas que justificaban la existencia de la mencionada Dirección Nacional han desaparecido».

Resistencia gremial y sectorial

La Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) había celebrado el rechazo de la Cámara de Diputados al decreto n°462/25, considerándolo «un paso importante en defensa del organismo».

El gremio APINTA había denunciado anteriormente «un intento de desmantelamiento» y organizó medidas de fuerza, incluyendo paros y marchas al Congreso para reclamar a los diputados que frenaran la medida.

Soledad García, referente de los trabajadores, había expresado tras el rechazo en Diputados: «Estamos un poco más tranquilos con el rechazo al DNU en Diputados y ahora falta que se rechace en Senadores».

Continuidad operativa transitoria

El decreto establece que «hasta tanto se concluya con la reestructuración de las áreas afectadas por la presente medida, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de primer nivel operativo» de la Dirección Nacional suprimida.

Asimismo, aclara que se conservarán «las acciones, cargos, dotaciones y suplementos vigentes a la fecha», aunque no especifica por cuánto tiempo ni bajo qué condiciones.

La normativa establece que las disposiciones de la Resolución 513/19 que mencionaban a la Dirección Nacional del INTA «deberán entenderse referidas al Presidente del citado Instituto».

Incertidumbre institucional

La medida genera incertidumbre sobre el futuro del INTA, considerado uno de los organismos científico-tecnológicos más prestigiosos de América Latina. Verónica Gargaglione, directora de la estación experimental de Santa Cruz del INTA, había advertido sobre «los riesgos de perder la independencia institucional» si el organismo pasaba a depender del Ministerio de Economía.

Mientras el decreto que dispuso la transformación del INTA tiene altas chances de ser revertido en el Congreso, el Ejecutivo considera que la eliminación de la Dirección Nacional es una medida independiente que puede implementarse sin necesidad de aprobación legislativa.

El avance gubernamental sobre la estructura del INTA forma parte de lo que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó como parte de la «racionalización» del sector público, en el marco de la política de reducción del Estado impulsada por la administración libertaria.  

Fuente: El Argentino.