El Gobierno argentino disolvió la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que había sido creada para recabar información sobre el criptoactivo $LIBRA, promocionado por el presidente Javier Milei. La medida fue oficializada mediante el Decreto 332/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Según el decreto, la UTI «cumplió con las tareas asignadas» y la información recopilada fue remitida al Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, no se han publicado informes oficiales sobre las conclusiones de la unidad disuelta.
A pesar de la disolución de la UTI, la investigación penal sobre el caso $LIBRA sigue su curso en el ámbito judicial. La jueza federal María Servini solicitó al Banco Central levantar el secreto bancario sobre las cuentas del presidente Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, para investigar posibles delitos económicos o conflictos de interés vinculados al criptoactivo.
Además, se han congelado los bienes de los empresarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, señalados como responsables de vincular al Gobierno con los desarrolladores de $LIBRA.
En paralelo a la causa penal, un grupo de 25 damnificados, representados por el abogado Nicolás Oszust, inició una demanda civil por daños y perjuicios estimados en 4,5 millones de dólares. El presidente Milei y su hermana Karina fueron convocados a una audiencia de mediación obligatoria, pero no se presentaron ni enviaron representantes legales.
El escándalo se originó el 14 de febrero, cuando el presidente Milei promocionó la criptomoneda $LIBRA en sus redes sociales. Poco después, el valor del criptoactivo se desplomó, generando pérdidas significativas para los inversores. La justicia investiga si existieron maniobras fraudulentas, como un esquema de «rug pull», y si hubo participación de funcionarios del entorno presidencial.