Durante una entrevista con el periodista Gustavo Raffin, de Radio HOY, Oehrli recordó su paso por la Municipalidad y aseguró que había ingresado durante la gestión de Jacinto Speranza, desempeñándose en distintas áreas como el Juzgado de Faltas y la Secretaría de Hacienda.

Consultada sobre su desvinculación, inicialmente afirmó no tener conocimiento de una exoneración y sostuvo que su salida había sido una decisión personal.

Sin embargo, al ser consultada específicamente por el Decreto Nº 572, firmado por el intendente Amadeo Enrique Vallejos y el entonces secretario general Guillermo Romero Mansur, respondió que el caso "es más amplio" y que fue parte de "una operación política".

"En su momento yo no deseaba continuar. Hacía dos meses que estaba trabajando en condiciones inhumanas prácticamente, así que presenté mi renuncia y me fui", manifestó. Además, afirmó que terminó pagando "los precios de la política" y sostuvo que la medida "no fue justa".

Las faltas atribuidas

De acuerdo con el decreto municipal, la exoneración fue el resultado de un sumario administrativo que determinó la existencia de varias irregularidades. 

Entre ellas, se le imputó haber incurrido en numerosas inasistencias injustificadas y no haber acreditado fehacientemente la patología médica consignada en certificados presentados los días 12 y 19 de junio de 2017.

El punto considerado más grave fue la presentación de certificados médicos apócrifos correspondientes a esas mismas fechas, conducta que el municipio calificó como una falta de extrema gravedad.

Además, el expediente señala que habría utilizado licencias médicas para realizar viajes al exterior, conducta considerada incompatible con las obligaciones establecidas en el Estatuto del Personal Municipal.

Declarada rebelde durante el sumario

La investigación administrativa también indica que Oehrli fue citada a una audiencia imputativa para el 25 de septiembre de 2017, pero no compareció pese a haber sido debidamente notificada.

Ante esa situación, el 3 de octubre fue declarada rebelde y el procedimiento continuó. Posteriormente se le otorgó un plazo para presentar alegatos y ofrecer pruebas, aunque —según consta en el decreto— tampoco realizó ninguna presentación.

Si bien había presentado su renuncia el 22 de septiembre de 2017, el Ejecutivo municipal resolvió continuar el sumario administrativo. Finalmente, en aplicación del artículo 117 del Anexo I de la Ley Provincial Nº 9.286, la Municipalidad transformó la aceptación de la renuncia en una exoneración, al considerar que correspondía aplicar la máxima sanción disciplinaria prevista por la normativa.

La exoneración quedó formalizada mediante el Decreto Nº 572 del 24 de octubre de 2017, que concluyó que la entonces agente municipal había incurrido en faltas graves que ocasionaron perjuicios materiales y morales a la administración pública.

Fuente: Reconquista Hoy. 

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