La medida se adopta en un escenario en el que el transporte ya concentra una de las mayores presiones sobre el bolsillo popular. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), las tarifas del transporte crecieron muy por encima del índice de precios al consumidor, que acumuló una suba del 303,5% desde diciembre de 2023. En ese mismo período, el Salario Mínimo, Vital y Móvil aumentó apenas un 129%, implicando una pérdida real del 43% en su poder adquisitivo.
El impacto se traduce en números concretos: en diciembre de 2023, una persona que cobraba el salario mínimo destinaba el 2,6% de sus ingresos al transporte; en abril de 2026, esa proporción escaló al 17,3%. La eliminación del Fondo Compensador del Transporte del Interior profundizó las asimetrías entre el AMBA y las provincias: mientras el boleto mínimo en el conurbano se ubica alrededor de los $700, en varias ciudades del interior ya supera los $2.000.
En ese contexto, trasladar a las empresas el costo de los pasajes gratuitos no neutraliza la presión económica sobre los colectivos más vulnerables, sino que la redistribuye entre actores privados con lógica de ganancia, sin ninguna garantía social de resultado.
Un nuevo capítulo en el ajuste sobre la discapacidadLa resolución llega mientras el Gobierno mantiene incumplida la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793), sancionada por el Congreso y ratificada en reiteradas oportunidades por el Poder Judicial, pero aún sin implementación efectiva por parte del Ejecutivo libertario. El escenario configura un patrón: derechos reconocidos por ley que el Estado deja de financiar, fiscalizar o implementar, bajo el paraguas de la desregulación y el ajuste estructural pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La quita de compensaciones a los pasajes gratuitos para los sectores más vulnerables no es un hecho aislado. Se inscribe en una trayectoria de política pública que acumula recortes reales en programas sociales (-61%), transferencias a provincias (-66%), gasto de capital (-86%) y salarios públicos (-29%) desde el inicio de la gestión, según datos del Foro Economía y Trabajo publicados en mayo de 2026.
Fuente: El Argentino.
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