Sigue
creciendo el escándalo que rodea a la causa judicial contra Marcelo Galaz, ex
secretario privado del senador santafesino Dionisio Scarpin, quien está acusado
de abuso sexual a su sobrina menor. La auditoría del Ministerio Público de la Acusación realizó un lapidario
dictamen contra el fiscal de Reconquista Aldo Gerosa por su actuación en este
caso.
Tras detectar gravísimas irregularidades, sostiene que Gerosa debería ser
“destituido en el cargo”: asegura que el fiscal “revictimizó” a la chica
violada, le dio un “trato indecoroso”, la “molestó” y “presionó para que firme
un acuerdo abreviado” que le reducía la pena a Galaz de 32 años a solo 7. Un
proceso judicial bochornoso.
Galaz fue detenido el 21 de julio de 2021 en la
Municipalidad de Avellaneda, donde trabajaba como secretario privado y hombre
de confianza del entonces intendente, Dionisio Scarpin, hoy senador nacional
por Juntos por el Cambio y precandidato a diputado provincial por la alianza
Unidos para Cambiar Santa Fe.
La detención de Galaz, quien también era dirigente
de la Juventud Radical, se realizó tras ser denunciado por su sobrina, quien lo
acusó de someterla a abusos sexuales durante seis años y cuando ella era menor,
de los 4 a los 10 años. El imputado estuvo siete meses presos, pero después se le concedió
llamativamente la prisión domiciliaria, y así sigue hasta el día de hoy
mientras se desarrolla el proceso judicial.
En
noviembre de 2022 debía arrancar el juicio oral y público en el que se iba a
pedir 32 años de prisión para
el violador, pero llamativamente se suspendió. Meses después apareció un
acuerdo abreviado –allí Galaz terminó admitiendo los abusos hacia su sobrina
menor de edad- que le reducía la
pena al acusado a solo siete años y seis millones de pesos de
indemnización a la víctima.
El mismo
estaba a punto de ser homologado por el juez de la ciudad santafesina de Reconquista Santiago Banegas,
pero finalmente se negó a hacerlo tras las declaraciones del procurador de la Corte Suprema de Justicia
provincial, Marcelo Barraguirre, quien en una entrevista en LT8 con el
periodista José Maggi adelantó el 29 de abril pasado que haría una
investigación sobre el proceso de esta causa ante las evidencias de que está
rodeada de situaciones muy poco transparentes.
Barraguirre
reaccionó así ante la difusión de un audio donde el fiscal Gerosa se refería a
que el senador provincial Orfilio
Marcón (Juntos por el Cambio) le pidió información sobre la causa
contra Galaz y le reclamó que terminaran con la misma antes de comenzar la
campaña electoral 2023, ya que había sido secretario privado de Scarpin y el caso podría
perjudicarlo.
El lapidario dictamen de la
auditoría
El auditor del Ministerio Público de la Acusación,
Leandro Mai, realizó un lapidario dictamen sobre la actuación del fiscal Gerosa
en el caso contra Galaz. Consideró que el fiscal cometió “faltas graves” y
concluyó que “procede la sanción de destitución en el cargo”.
El
auditor le endilga al fiscal "haber revictimizado
a la mujer víctima en situación de vulnerabilidad en el marco de
las presentes actuaciones dándole
un trato indecoroso, molestándola
y presionándola para que firme un acuerdo de juicio abreviado sin
haber velado por la salvaguarda de su intimidad”.
Una de
las medidas cuestionadas por la auditoría fue la prisión domiciliaria del
pedófilo Marcelo Galaz. "La
primera conducta disvaliosa fue la celebración de un acuerdo de prisión
domiciliaria en fecha 30/5/2022 en clara violación a lo previsto
por el artículo 10 del Código Penal, sin que el fiscal le informe a la víctima
que la resolución dictada en esa fecha por parte del tribunal no respondía a
sus pretensiones de protección integral, la cual tampoco fue apelada por el
órgano fiscal y como consecuencia de ello haber incumplido el principio de
debida diligencia reforzada en el artículo 7 de la Convención de Belém Do
Para".
Mai también le recrimina al fiscal "haber
presentado el 17 de noviembre de 2022 un acuerdo abreviado el cual no
cumplimentaba con los requisitos establecidos en el artículo 339 del Código
Procesal Penal, ya que no
acompañó la conformidad de la víctima y tampoco la rúbrica del fiscal regional
respectivo. Como así tampoco haber fundamentado en dicha oportunidad la razón
del cambio de calificación más favorable para el imputado ni la modificación de
la pretensión punitiva en favor del mismo, sin haber motivado el fiscal al
momento de la determinación de pena, cuál era la razón para que delitos que
concurrían realmente entre sí sean condenados por el mínimo legal de la
plataforma jurídica seleccionada en el abreviado, teniendo en cuenta la
pretensión esgrimida en la acusación de 32 años de cumplimiento efectivo conforme los parámetros de
los artículos 40 y 41 del Código Penal por parte del acusador público".
Mai le
recrimina además al fiscal "haber realizado durante marzo y abril de 2023
diversas declaraciones indecorosas
e imprudentes en distintos medios de comunicación, poniendo en
conocimiento de la ciudadanía que brindaba información sobre la marcha de la investigación
a un tercero ajeno al proceso, en una causa en donde la principal interesada,
la víctima, siempre estuvo desinformada del estado de la misma en contradicción
a lo estipulado en el marco normativo vigente".
La acusación contra Galaz
A Galaz se le imputó ser autor de abusos sexuales
gravemente ultrajantes a su sobrina menor de edad, reiterados en un número
indeterminado de veces, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal,
reiterado también en un número indeterminado de veces.
El
violador comenzó con los abusos
sexuales contra su sobrina en el año 2000, cuando ella era una niña de cuatro años de
edad. Arrancó después del fallecimiento del abuelo de la víctima, en
enero de ese año, y continuaron -en un número indeterminado de veces- durante
unos seis años. Cesaron entre 2005 y 2006.
Galaz se aprovechaba de la niña cuando la madre y la
abuela de la víctima cumplían horario laboral; y ambos quedaban solos en una
vivienda del barrio Nuevo, de la localidad de Avellaneda, en el norte
provincial.
Los abusos cesaron cuando la menor comprendió los
hechos y le advirtió a su tío violador que si volvía a tocarla le iba a contar
a su mamá. Desde
entonces, solo le hizo caricias ocasionales. Todo esto quedó constatado en sede
judicial y fue reconocido por el propio Galaz.
A Galaz también se le reprochó
haberle ocasionado a su sobrina un trastorno por estrés traumático que, entre
otras cosas, le impide relacionarse con personas de género masculino, la que le
provoca rechazos de amor consciente, imposibilidad de relacionarse físicamente
con otras personas, no tolerar un tratamiento físico como los abrazos,
problemas escolares, pérdida de contacto con familiares para evitar estar con
el agresor, alteración del ritmo del sueño, insomnio, pesadillas, ánimo con
tendencia a la depresión y ansiedad, entre otras alteraciones.
¿Por qué se eliminó los
agravantes del delito?
Inicialmente, la fiscalía había
pedido una pena de 32 años de prisión para Galaz, pero después dio vía libre
para un juicio abreviado en donde se iba a acordar una pena de solo siete años.
La fiscalía intentó explicar los
agravantes que eliminó de la causa por abuso sexual de una menor para alcanzar
este acuerdo en el juicio abreviado que se iba a cerrar con una pena de cárcel
muy baja. El fiscal admitió que accedió a un cambio de calificación del delito,
eliminando agravantes como el “grave daño a la salud” ocasionado a la víctima,
la “convivencia preexistente” entre el abusador y la menor abusada, y el hecho
de que Galaz era “guardador de la niña”.
Galaz, que actualmente está en
libertad, le había depositado tres millones de pesos a la víctima como parte
del acuerdo abreviado y debía pagar una suma idéntica el 29 de abril pasado. De
completar el pago, el juez penal ya había anticipado que firmaría finalmente la
sentencia acordada en el juicio abreviado; y Galaz sería trasladado a una
cárcel para empezar a cumplir su condena. Pero finalmente el magistrado se negó
a suscribirlo ante las declaraciones del procurador de la Corte santafesina.
Ante la inhibición del
magistrado, la Oficina de Gestión Judicial debe remitir el expediente a un juez
subrogante que podría quedarse con el caso o rechazarlo, con lo cual la
decisión quedará en manos de la Cámara de Apelaciones.
Galaz está actualmente en
libertad con restricciones, teniendo como "guardadora" a su esposa,
la profesora Marianela Nerina Doldán Almirón. Vive con ella y sus dos hijos en
la localidad santafesina de Avellaneda.
El violador tiene las siguientes
restricciones y reglas de conducta que debe cumplir, bajo posible sanción de
revocación de la libertad si incumple: no debe emborracharse ni drogarse, ni
acercarse a menos de doscientos metros de la víctima y su madre, ni debe
comunicarse con ellas por ningún medio.
El testimonio de la víctima
En la
última audiencia judicial la víctima pidió la palabra y dijo ante la presencia
del imputado, su violador: “¿Cómo llamarte? Marcelo, tío, abusador, tantas
personalidades de una misma persona, mi diablo personal más de dos
décadas. Ruego a Dios que esta sea
la última vez que te vea. Literalmente, podría estar horas y horas leyendo sentada
todo el daño que me hiciste. Mucho más de lo que se pueda llegar a imaginar. O
preguntarte por qué. ¿Qué te hice para que me odiaras tanto? ¿Cómo pudiste
lastimarme de esta manera? Pero la realidad es que esto no nos llevaría a nada,
porque no hay una respuesta que valga frente a un hecho tan atroz como un
abuso".
"Lo que es difícil de decirte es que ya no te
odio y no me arruinaste la vida. Sí, teñiste de tristeza gran parte de mi niñez, mi adolescencia y el inicio
de mi vida adulta, pero hasta aquí. Basta. Hasta acá te dejo llegar. El
resto de mi vida es mía, solo mía. Y el aspecto del odio, durante años, tuvo un
deseo recurrente, en buscarte de sorpresa, golpearte y dejarte tirado en el
piso sangrando, sufriendo. Porque eso fue exactamente lo que vos hiciste
conmigo. Como un buen cobarde, me
tomaste desprevenida cuando era una niña sin herramientas ni
recursos para defenderme. Me
destrozaste y me dejaste tirada de un charco de sangre, pero entonces
algo pasó. No sé cómo ni en qué momento. Hoy está en la terapia, el paso del
tiempo o Dios. Pero ya no te odio. No quiero lastimarte. Porque estoy
consciente de que el hecho de que vos sufras no va a mitigar mi dolor. Comencé
a sanar el día que solté el odio para concentrarme en mí. Y por eso voy a
perdonarte. Hoy no. Hoy todavía no puedo. Pero voy a trabajar para estarlo
porque me lo merezco. Merezco una vida en libertad y armonía. Porque el abuso
no me define a mí. El abuso te define, te definió y siempre te va a definir a
vos, Marcelo".
Y al
final, pidió al Poder Judicial que
haga una "autocrítica para que ninguna otra víctima sufra la
revictimización que yo sufrí a manos del fiscal Aldo Gerosa y su equipo".
Refirió a malos tratos que
ya informó tanto al fiscal regional como al fiscal general de la
provincia, "esperando que
tomen las medidas correspondientes, porque considero que estamos en el
año 2023 y hay cosas que ya no podemos tolerar". Recordó que está vigente
la "ley Micaela"; y que "todos los integrantes del Poder
Judicial deberían tener perspectiva de género".
Ahora, la auditoría del Ministerio Público de la
Acusación reaccionó, elaboró un lapidario dictamen y apuntó frente al
“irregular” accionar del fiscal Gerosa.
Fuente: Uno Santa Fe.