El caso ocurrió en plena veda electoral, cuando Villa, acompañado por colaboradores, difundió un video en el que exhibía los premios que serían sorteados "para festejar cuando ganamos". Entre los obsequios había dos motocicletas, una bicicleta, una heladera, una cocina, un televisor, un equipo de sonido, una motoguadaña y dos teléfonos celulares.

Sin embargo, lo que generó el mayor repudio fue la condición expresada abiertamente por los propios participantes del video: "Solo tiene que ganar él", invitando además a los vecinos a inscribirse en el búnker de campaña para participar del sorteo. 

"República oligárquica o democrática"

Tras conocerse el hecho, el entonces Procurador General ante la Corte Suprema de Santa Fe, Jorge Barraguirre, fue contundente al cuestionar la maniobra.

Recordó que existía un antecedente similar ocurrido en 2021 en Santa Clara de Buena Vista y sostuvo que este tipo de prácticas atentan contra los principios democráticos."Considero que se deben aplicar los artículos de las constituciones Nacional y Provincial en cuanto a la idoneidad que debe tener alguien para competir en una elección, no de una república oligárquica sino de una república democrática", afirmó. 

Barraguirre explicó además que había recomendado neutralizar el efecto del sorteo mediante el decomiso de los premios, aunque esa medida perdió sentido con el correr de las horas. También señaló que el caso debía ser analizado tanto por el Tribunal Electoral como por la Justicia Penal.

En otra de sus declaraciones más recordadas expresó que lo sucedido en Florencia significaba "volver a la situación previa a la sanción de la Ley Sáenz Peña de voto universal, secreto y obligatorio", retrocediendo a los años 1911 o 1912.

Condena y pago de las multas

Con el avance de la investigación judicial, tanto Fabio Villa como Marcela Muchut (ahora preside el Concejo), fueron finalmente condenados por los hechos relacionados con la maniobra electoral.

Como parte del cumplimiento de la sentencia, ambos se encuentran abonando en efectivo las multas económicas impuestas por la Justicia. 

A un año de aquel episodio que generó un amplio rechazo político e institucional, el caso continúa siendo citado como uno de los antecedentes más relevantes en materia de transparencia electoral en la provincia de Santa Fe y como un ejemplo de las consecuencias judiciales que pueden derivarse de prácticas destinadas a influir en la voluntad del electorado mediante la promesa de premios o beneficios. 

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