El conflicto por la suspensión y posterior despido de trabajadores municipales en la ciudad de Florencia suma un nuevo capítulo. El representante legal de los empleados afectados Dante Zanel brindó una actualización detallada sobre el estado procesal de la causa y cuestionó con dureza la legalidad de los decretos emitidos por el Ejecutivo local. Según explicó, alrededor de 40 trabajadores fueron notificados mediante un decreto que suspendía sus nombramientos. Frente a esa medida, el equipo jurídico presentó solicitudes de reconsideración y recursos de nulidad, argumentando que el acto administrativo carece de sustento legal y presenta vicios procesales.
Los plazos ordinarios para que el municipio respondiera ya se encuentran vencidos, por lo que recientemente se interpusieron “prontos despachos”, es decir, pedidos formales de resolución urgente. De no existir una respuesta adecuada en los próximos días, el caso avanzará a una instancia judicial plena, algo que —según anticipó el abogado— es inminente.
Sin embargo, mientras las apelaciones administrativas aún estaban pendientes, el gobierno municipal emitió un nuevo decreto que formaliza la desvinculación de los trabajadores, dando por terminados sus nombramientos. Esta decisión fue calificada como “inesperada” por la defensa, que asegura que el decreto original debe ser declarado nulo y que corresponde la reincorporación inmediata de los empleados con el pago íntegro de los salarios caídos. En cuanto al contexto, el entrevistado señaló que si bien inicialmente fueron unos 40 los trabajadores afectados, sólo 13 se han presentado formalmente para iniciar acciones legales. Los despidos fueron justificados oficialmente bajo argumentos como “falta de recursos” o “exceso de personal”. No obstante, la defensa remarcó que el municipio habría realizado nuevas contrataciones recientemente, algunas impulsadas por el propio intendente, lo que —según sostienen— contradice los fundamentos económicos esgrimidos.
Además, el presupuesto municipal aprobado recientemente contempla la autorización para contratar hasta 60 trabajadores bajo modalidad contratada, lo que entra en aparente contradicción con la cesantía de empleados permanentes. Para la representación legal, esto evidencia que no se trata de una necesidad financiera sino de una decisión política. Otro de los puntos centrales del reclamo es la precarización laboral. El abogado advirtió que se estaría reemplazando a trabajadores de planta permanente —con estabilidad, aportes previsionales y derechos reconocidos— por personal contratado para cumplir funciones habituales del municipio, algo que, según afirmó, contraviene el estatuto del personal municipal.
Finalmente, el representante legal subrayó que el reclamo no sólo tiene una dimensión jurídica sino también social. “Estamos defendiendo derechos adquiridos y puestos de trabajo formales. Si hay un daño económico para el municipio, será consecuencia de decisiones políticas, no responsabilidad de los trabajadores”, sostuvo. Mientras se aguarda una respuesta oficial a los recursos presentados, el conflicto continúa escalando y podría trasladarse en los próximos días al ámbito judicial, donde se definirá la validez de los decretos y la posible reincorporación de los empleados afectados.
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