Judiciales: Grave denuncia por corrupción a un senador alineado a Pullaro
11/02/2026
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El senador provincial por el departamento San Javier, Oscar Alfredo Dolzani, quedó en el centro de la polémica tras la ampliación de una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), en la que se lo acusa de presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y otros posibles delitos.
La presentación fue realizada por el diputado provincial Claudio Fabián Palo Oliver y el ciudadano Luis Alberto Gorosito, con el patrocinio letrado del abogado Rodrigo Martín Fernández, como ampliación de una denuncia inicial formulada el pasado 5 de febrero de 2026.
El eje de la acusaciónSegún consta en el escrito, se acusa al legislador de haber sido proveedor de materiales de construcción, a través de su propio comercio “Corralón Dolzani”, para empresas privadas que ejecutan obras públicas financiadas por el Estado provincial, obras que —según sostienen los denunciantes— el propio senador habría ayudado a viabilizar mediante su rol legislativo y su voto en el Senado.La controversia se profundizó luego de que el propio Dolzani publicara en sus redes sociales un video de descargo, difundido el 6 de febrero, en el cual reconoció expresamente la venta de materiales a una empresa privada que ejecuta la obra de la costanera de San Javier.
Para los denunciantes, estas declaraciones constituyen una “autoincriminación”, ya que confirmarían los hechos denunciados originalmente y reforzarían la hipótesis de una violación a la Ley de Ética Pública, la Constitución de la Provincia de Santa Fe y normas del Código Penal.
Reconocimiento público y habitualidadEn la ampliación de la denuncia se remarca que, durante su descargo público de más de seis minutos, el senador no solo reconoció la venta puntual, sino que además admitió que se trata de una práctica habitual, señalando que su corralón ha vendido materiales a empresas vinculadas a obras financiadas por el Estado provincial durante los años 2024 y 2025, incluyendo trabajos relacionados con el Parque Solar de San Javier.
Los denunciantes sostienen que esta habitualidad en la comercialización con empresas que reciben fondos públicos agrava la situación y evidenciaría un interés personal directo del legislador en la asignación de recursos estatales.
Posibles delitos investigadosEn el escrito se solicita al MPA que investigue la posible comisión de varios delitos, entre ellos:
Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (art. 265 del Código Penal).
Incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248).
Omisión de denunciar delitos de los que habría tomado conocimiento por su rol institucional.
Instigación pública a cometer delitos (art. 209), a partir de expresiones del senador en las que habría legitimado la violencia contra quienes cuestionan sus negocios.
Amenazas coactivas, al advertir sobre posibles agresiones físicas vinculadas al cese de sus actividades comerciales.
Los denunciantes consideran que las expresiones del legislador no se encuadran en la libertad de expresión, sino que constituyen actos de intimidación pública, incompatibles con su rol institucional.
Pruebas y medidas solicitadasComo parte de la ampliación, se acompañó formalmente el archivo audiovisual del descargo del senador, así como capturas de su publicación en redes sociales. Además, se solicitó la producción de diversas medidas probatorias, entre ellas pedidos de informes a organismos fiscales y de control para determinar operaciones comerciales vinculadas a fondos públicos.
Intervención del MPAEl Ministerio Público de la Acusación ya tomó intervención en el caso y deberá evaluar el alcance de los hechos denunciados, la prueba aportada y la eventual responsabilidad penal del senador Oscar Dolzani.
La causa vuelve a poner en debate la transparencia en el ejercicio de la función pública y los límites éticos entre la actividad privada y las responsabilidades institucionales de los legisladores provinciales.
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