El referente de la Cooperadora, Claudio Cremona, brindó una entrevista en la que repasó los hechos que marcaron el último año y mostro su preocupación ya que la entidad luego de ser desalojada en octubre de 2024 de los campos provinciales que administró durante casi 40 años de manera gratuita y formal. Según Cremona, el operativo fue “violento y sorpresivo”, y estuvo motivado por acusaciones infundadas de mala administración que nunca fueron respaldadas por pruebas concretas.

Tras el desalojo, la Cooperadora fue sometida a una auditoría oficial en noviembre de 2024, que cumplió con la entrega completa de documentación y requisitos formales. Sin embargo, a un año de esa revisión, los resultados no fueron comunicados oficialmente, generando desconcierto y sospechas entre sus integrantes. “Cumplimos con todo lo solicitado, pero nunca obtuvimos una devolución”, expresó Cremona, subrayando que la institución continúa con su documentación al día y con su subsistencia legal vigente.

Uno de los puntos más conflictivos señalados por el referente es la falta total de diálogo con el actual gobierno provincial. A pesar de múltiples gestiones, la Cooperadora no logró concretar una reunión con el ministro del área, y la información que habría llegado a las autoridades —según Cremona— fue “errónea y malintencionada”, transmitida por actores políticos del norte provincial que impulsaron la medida de desalojo.

Denuncian la dilatación del remate de las herramientas que fueron donadas al Hospital de Florencia 

En cuanto al destino de la maquinaria y herramientas que pertenecían a la Cooperadora, Cremona explicó que fueron donadas al Sanco de Florencia y a otras instituciones del norte provincial, como hogares de ancianos y cuerpos de bomberos. Sin embargo, la mayoría de las entidades rechazó la donación por temor a posibles implicancias judiciales, ante rumores de supuestas causas penales que nunca se comprobaron. 

 Finalmente, solo el Samco de Florencia aceptó formalmente la donación, aunque aún no ha podido vender los equipos por demoras administrativas en el Ministerio de Salud, lo que —según Cremona— podría tratarse de una “dilatación intencional”.

El conflicto habría comenzado meses antes del desalojo, cuando el director provincial de Ganadería, Méndez, intentó introducir cambios en la comisión directiva sin respetar el estatuto ni la representatividad del sector agropecuario. “Querían incorporar personas sin vínculo con la institución y con intereses políticos”, señaló Cremona, quien remarcó que el rechazo a estas maniobras derivó en una ruptura total del vínculo institucional. Desde marzo de 2024, la Cooperadora sufrió bloqueos administrativos y pérdida de contratos con pastores, lo que profundizó su crisis.

El referente recordó que durante diez gobiernos provinciales anteriores, de diferentes signos políticos, siempre existió diálogo y colaboración, incluso ante diferencias de criterio. En cambio, calificó la postura actual como “una situación sin precedentes, donde ni siquiera se permitió una conversación formal”.

Hoy, la Cooperadora del Coet Tacuarendí se encuentra en proceso de liquidación, lo que marca el final de una etapa de más de cuatro décadas dedicadas a la producción, la gestión comunitaria y el trabajo agropecuario en el norte provincial. “No pedimos favores, solo justicia y respeto por una historia de compromiso”, concluyó Cremona.