Nacionales: Polémica en Olivos: denuncian irregularidades en contrato por $700 millones
22/05/2026 | 121 visitas
La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación millonaria destinada al mantenimiento de espacios verdes en la Quinta de Olivos. La presentación apunta a la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.
Denuncia por una licitación millonaria en la Quinta
de Olivos
La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema
irregular en una licitación pública por $700 millones destinada al mantenimiento
y jardinería de la Quinta de Olivos y la Casa de Gobierno.
La presentación judicial apunta a la secretaria general de la
Presidencia, Karina Milei, a quien responsabiliza por la adjudicación del
proceso.
El contrato fue convocado para tareas de mantenimiento preventivo,
correctivo y riego de espacios verdes de la residencia presidencial.
Las irregularidades señaladas en la licitación
Según la denuncia, dos empresas que participaron de la compulsa —La
Mantovana y Grub— pertenecerían al mismo empresario, lo que habría simulado una
competencia inexistente.
La presentación sostiene que ambas firmas estarían vinculadas a un mismo
grupo económico, lo que pondría en duda la transparencia del proceso
licitatorio.
Además, se menciona la posible existencia de vínculos familiares entre
el empresario adjudicado y una funcionaria cercana a la estructura de la
Secretaría General.
Señalamientos sobre el rol de la administración
La denuncia afirma que la responsabilidad del control del proceso recae
en la autoridad que impulsó la licitación, al exigir la verificación de la
independencia de los oferentes.
En ese marco, el escrito plantea que la participación de empresas
vinculadas entre sí podría configurar una simulación de competencia dentro del
proceso estatal.
También se menciona la posibilidad de que el servicio ya se estuviera
prestando previamente sin contrato formal, lo que habría derivado en la
regularización mediante la licitación.
Pedido judicial y medidas solicitadas
La diputada solicitó al juzgado interviniente suspender la adjudicación
del proceso y resguardar el expediente administrativo completo.
También pidió el secuestro de documentación vinculada a la licitación y
la aplicación de medidas cautelares sobre los bienes de los eventuales
responsables.
La presentación incluye referencias a posibles delitos como fraude
contra la administración pública, negociaciones incompatibles e incumplimiento
de deberes de funcionario público.
Fuente: El Argentino.
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