El abogado barilochense que denunció
originalmente ante la Justicia el viaje de jueces, funcionarios porteños, ex
agentes de inteligencia y empresarios a la mansión del magnate británico Joe
Lewis en Lago Escondido pidió este martes la detención de los viajeros que no
están protegidos por fueros, la indagatoria de los que sí los tienen y el secuestro
de los teléfonos de los magistrados involucrados.
Mediante un escrito de dos páginas presentado ante la fiscal María
Angélica Etchepare (cuya actuación también cuestionó), el denunciante Marcelo
Herzriken Velasco consideró que las detenciones son necesarias por cuanto se
produjo uno de los denominados “riesgos procesales” que justifican la adopción
de una medida cautelar provisoria de esa naturaleza: “entorpecimiento
investigativo”.
Herzriken Velasco aportó en su escrito, además, un dato intrigante, que podría
cambiar radicalmente el escenario. Cuando trascendió en octubre pasado la
realización del viaje, el abogado impulsó una investigación ante la fiscalía
federal todavía abierta. En la filtración del grupo de Telegram que publicó el
sitio web patagonianfacts.com y
que Tiempo consignó
en su edición del domingo se mencionaba la posibilidad de “conseguir
facturas” con sus fechas antedatadas para justificar gastos y disimular lo que
pareció ser una invitación.
También se mencionan gestiones ante la
fiscal Etchepare para cerrar rápidamente la investigación. Entre las medidas a
adoptar por la fiscalía figuraba la declaración de una suerte de encargado de
la propiedad de Lewis, Nicolás Van Ditmar. Según el escrito presentado hoy por
el abogado, en su exposición ante la fiscal Van Ditmar “aportó facturas truchas
al expediente”. Hablar, planificar, especular con la presentación de
facturas apócrifas no es un delito. Presentarlas en un expediente judicial,
sí.
Herzriken Velasco le pidió a la fiscal que “explique cómo mágicamente
apareció Van Ditmar aportando facturas truchas al expediente”.
El denunciante (pidió ser querellante pero aún no hay una decisión en
ese sentido) reclamó las detenciones de Van Ditmar; del ministro de Seguridad
de CABA, Marcelo
D’Alessandro; del ex jefe de Legales de la SIDE y dueño de una consultora
de medios Tomás Reinke, y de Pablo Casey, director de Asuntos Legales e
Institucionales del Grupo Clarín y sobrino de Héctor Magnetto. “Han ofrecido y
recibido dádivas cuyo valor promedia los 5.000/10.000 dólares por cada uno, ya
sea como autores o partícipes necesarios”, insiste el escrito. La prisión
preventiva, así como el llamado a indagatoria y el procesamiento, son actos
reservados para un juez. Eso es lo que pidió el denunciante: la intervención de
un juez federal que tome esas decisiones, por impulso de la fiscalía.
“Hay un riesgo procesal por el cual todos los días quedan imputados en
prisión”.
En el mismo sentido, reclamó “el allanamiento de los despachos de los
magistrados judiciales (que participaron en el viaje) para secuestrarles la
totalidad de los teléfonos celulares que se hallen en su poder para ser
peritados, así como que obtenga sus resúmenes bancarios del último mes”.
También impulsó el juicio político ante el Consejo de la Magistratura
(una medida similar propuso en la víspera el presidente, Alberto Fernández, en
cadena nacional) y recordó que independientemente de ese proceso los jueces
pueden “ser citados inmediatamente a indagatoria”.
En otro coletazo del denominado “Lago Escondido Gate”, la Coordinadora
Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA), a través de una presentación
realizada por el canal “Barricada Tv”, pidió hoy que el juez en lo Contencioso
Administrativo Federal Pablo Cayssials -uno de los viajeros- sea apartado de
una causa en la que debe “resolver un litigio entre las televisoras
comunitarias y el Grupo Clarín”.
El pedido fue formulado a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal. “En el litigio en cuestión, todavía en el Juzgado de
Cayssials, el canal comunitario “Barricada Tv” de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (32.1 de la TDA) demanda a los operadores de cable Telecom (Grupo Clarín)
y Telecentro para que lo incorporen a sus grillas, tal como obliga una norma
del ENACOM que les ordena transportar a todas las señales abiertas de cada
localidad, que en el AMBA son tres: Barricada, Urbana y Comarca”.
“La filtración de mensajes entre los jueces, los directivos del Grupo
Clarín y los servicios de inteligencia revelan lo que ya era evidente en el
expediente: que Cayssials actuaba con parcialidad manifiesta en favor de
Telecom en su litigio con CONTA. Tras cinco años de demoras, el magistrado
rechazó hace días, sin explicación, todas las medidas de prueba que disgustaban
al holding comunicacional”.