La Fiscalía pedirá penas de
entre tres y siete años y medio de prisión para 36 personas que son
investigadas por delitos vinculados al juego clandestino cometidos en el norte
provincial.
El requerimiento fue informado por los
fiscales Rubén Martínez y Nicolás Maglier en la acusación que presentaron ante
la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales de Reconquista. Por ese
medio, solicitaron que todos los imputados –25 mujeres y 11 hombres que tienen
entre 25 y 83 años– sean juzgados en el marco de un debate oral y público.
La investigación comenzó en noviembre de 2018
y está a cargo de los fiscales Rubén Martínez y Nicolás Maglier.
Cinco
asociaciones ilícitas
Los fiscales afirmaron que
“de la investigación surgió que al menos cinco asociaciones ilícitas dedicadas
a la explotación ilegítima de juegos de azar funcionaron con permanencia en el
tiempo en Reconquista y sus zonas de influencia”. Precisaron que “como mínimo,
cometieron ilícitos de fraude al comercio y a la industria durante un año,
entre noviembre de 2018 y el mismo mes de 2019”.
“Los jefes de las bandas
delictivas organizaron sistemas para levantar apuestas de juegos de lotería y
quiniela clandestinos”, sostuvieron Martínez y Maglier. “Para lograr sus
objetivos, se vincularon con otras personas, incluso con titulares de agencias
oficiales en las que realizaban apuestas tras detectar números muy elegidos en el
circuito ilegal”, explica.
“Los grupos criminales eran financiados por
sus jefes, quienes se beneficiaron con los altos márgenes de rentabilidad de
las apuestas no ganadoras”, señalaron. “Además, obtuvieron rédito económico de
la falta de aportes y contribuciones patronales a sus empleados, así como de
los impuestos correspondientes al juego legal que no abonaron”, agregaron.
Deberes
públicos
Los representantes del MPA
aseguraron que “en reiteradas oportunidades, los jefes de las asociaciones
delictivas ordenaron y dispusieron pagos a funcionarios públicos provinciales
-que en su mayoría aún no lograron ser identificados-, para que no investigaran
o fiscalizaran las actividades ilegale
Asimismo, Martínez y Maglier plantearon que
“uno de los 36 acusados era jefe de la comisaría de la localidad de Fortín
Olmos (departamento Vera) al momento los hechos y recibió dinero por incumplir
sus deberes públicos de control”.
Jefes
Los fiscales detallaron que
las siete personas investigadas como jefes de asociaciones ilícitas además
están acusadas como autoras de explotación, administración y organización de
sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización
pertinente emanada de la autoridad competente; de defraudación a la
administración pública; y de cohecho.
A dos de los sindicados como
jefes de las bandas delictivas además se les endilga la autoría de tenencia
indebida de armas de fuego de uso civil. Sus iniciales son JSRV y AMM y la
Fiscalía solicitará que sean condenados a siete años y seis meses de prisión y
a seis años y seis meses de prisión, respectivamente.
Para otro de los
investigados como jefes, cuyas iniciales son MAD, se pedirán siete años de
prisión debido a que continuó con su accionar ilícito aún después de que se
realizaron allanamientos en los que se encontraron evidencias en su contra.
Para los otros cuatro -una mujer de iniciales GVA y tres hombres de iniciales
RJA, GNR y SAS-, se solicitarán penas a seis años de prisión.
Miembros
Para los colaboradores
inmediatos de los jefes de los grupos criminales se solicitarán penas a tres
años y seis meses de prisión. Se trata de 14 mujeres -de iniciales MAP, PVD,
NAC, LPC, DEY, SSB, VAM, DCM, LBC, ELM, AGG, FLLB, CMP y GJS-, y cuatro hombres
-cuyas iniciales son AGG, JAA, GNR y CEM.
La Fiscalía también manifestó que pedirá que
las otras mujeres investigadas -cuyas iniciales son LGG, DEB, DBS, SMC, CVB,
KNL, CDC, MNA, MY y MEG- sean condenadas a tres años de prisión. Del total de
penas solicitadas, éstas 10 son las únicas que tienen previsto su cumplimiento
de modo condicional.
En cuanto a la calificación penal de los
hechos ilícitos cometidos por estas 28 personas, se informó que están acusadas
por la autoría de los delitos de asociación ilícita (en calidad de miembros);
explotación, administración y organización de sistemas de captación de juegos
de azar sin contar con la debida autorización; defraudación al estado o
administración pública; y cohecho.
Por último, para el
excomisario investigado, cuyas iniciales son DIB, se pedirá una pena a tres
años y seis meses de prisión efectiva y una inhabilitación especial absoluta
para ejercer cargos públicos. Los delitos que se le atribuyen son la
participación como miembro en una asociación ilícita; explotación,
administración y organización de sistemas de captación de juegos de azar sin
contar con la debida autorización; defraudación al estado o administración
pública; cohecho; y concusión.
Acusación
La presentación de la acusación es un paso
procesal en el que la Fiscalía solicita la apertura del juicio oral y público
contra las personas investigadas.
El escrito, que está
destinado a un juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), contiene un
detalle de las evidencias reunidas y fundamenta los requerimientos del MPA en
relación al caso. También informa los datos personales de los imputados, los
hechos ocurridos, la calificación legal de los ilícitos y la pena solicitada.
Luego de la presentación de la acusación y de
habérselo comunicado a la Defensa, la OGJ debe convocar a una audiencia
preliminar en la que las partes (Fiscalía, Defensa y Querella) discuten acerca
de lo planteado.
Finalizada la
audiencia preliminar, si el juez considera que la acusación de la Fiscalía
tiene proyección de condena y que están cumplidos los requisitos para que se
desarrolle un debate oral y público, debe disponer el auto de apertura a juicio
para programar una fecha de inicio y sorteo del tribunal.
Querellante
El fiscal Martínez informó
que “la provincia de Santa Fe es querellante en la investigación”. En tal
sentido, valoró “la decisión del Estado santafesino de participar activamente
en el proceso” y concluyó que “se trata de la primera investigación de juego
ilegal en el norte provincial, en la que la provincia se constituye como
querellante”.
Fuente: Oficina de Prensa y
difusión del MPA.