El expresidente Mauricio Macri fue procesado sin prisión preventiva, pero con un embargo de 100 millones de pesos sobre sus bienes, por el juez federal de Dolores Martín
Bava, quien consideró al líder de Juntos por el Cambio (JxC) como "autor" de espionaje ilegal contra los familiares de las
víctimas del submarino ARA San Juan.
Tras analizar la prueba y tomarle declaración,
Bava estimó que "prima facie" Macri es "penalmente responsable
del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de
autor en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia
ilegal".
El fallo también establece
que el expresidente no podrá salir del país, medida que regirá cuando Macri regrese de un
viaje que realizó a Chile, donde fue recibido por el presidente Sebastián
Piñera.
Además de sufrir un embargo en sus bienes de 100
millones de pesos, el exmandatario "no podrá ausentarse de su lugar
habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al
tribunal", establece el fallo.
El juez Bava, reiteradamente cuestionado por el
mismo Macri y dirigentes de JxC, consideró que el exmandatario fue responsable
de "haber posibilitado, generado las condiciones, acumulado información,
hacer uso y no haber dispuesto el cese de la realización de tareas de
inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520”, sobre los familiares
de las víctimas del ARA San Juan entre diciembre del año 2017 y finales del año
2018.
“Esas acciones (de espionaje) buscaban influir en
la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los
reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento del referido submarino y
la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer
sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su
entorno, como la identificación de sus referentes y los reclamos que
realizarían”, señaló el juez en el fallo de 171 páginas al que Télam tuvo
acceso.
En la misma línea
argumentativa, el magistrado federal subrayó que “todas estas tareas de
inteligencia ilegal no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron
justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior
o defensa nacional”.
Para Bava, está demostrado en la investigación que “el entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio
Macri, en conjunto con los jefes de la Agencia Federal de Inteligencia,
posibilitó, generó las condiciones, acumuló información, hizo uso y no dispuso
el cese de la realización de tareas de inteligencia expresamente prohibidas”.
La causa en la que este
miércoles quedó procesado Macri se inició en septiembre del año pasado, a raíz
de la denuncia de la titular de la Administración Federal de Inteligencia
(AFI), Cristina Caamaño, sobre la aparición de documentos en la delegación Mar
del Plata que daban cuenta de espionaje ilegal sobre los familiares del ARA San
Juan.
Por el mismo expediente, el juez federal procesó a
principios del mes pasado al ex titular de la AFI y a su segunda en la
jerarquía, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de otros involucrados.
Ayer, dos ex jefes de Contrainteligencia de la AFI
durante el Gobierno de Macri, también fueron procesados con embargos de 20
millones de pesos.
La defensa de Macri,
encabezada por el ex fiscal Pablo Lanusse, sostuvo como estrategia que los
documentos hallados eran producto de las tareas vinculadas a la seguridad
presidencial y en este sentido pidió que el juez indagara a
funcionarios vinculados a esas gestiones.
En este sentido, en los últimos días, ingresó al
expediente la declaración testimonial escrita de Alejandro Guglielmi, quien se
desempeñó como segundo jefe de la Casa Militar y jefe de la Agrupación
Seguridad e Inteligencia de dicho organismo durante los años 2017 y 2018, el
período comprendido por la investigación judicial.
Bajo juramento de decir la verdad, relató que, en
forma previa a que el expresidente visitara algún lugar, la AFI entregaba a la
Casa Militar "un informe socioambiental en soporte papel, que
complementaba el informe previo del jefe del equipo de seguridad que concurría
al evento".
La declaración de Guglielmi
fue en la misma dirección que la del ex jefe de la Casa Militar, José Luis
Yofre, quien dijo que ese “informe socioambiental” quedaba en la Casa de
Gobierno y no en la AFI, y que contenía cuatro puntos: estado del clima, rutas
de escape, hospitales públicos y privados y eventuales cortes de ruta que podían
afectar el recorrido del presidente.
Según informaron a Télam fuentes de la causa, las
explicaciones de los funcionarios de la Casa Militar no alcanzan para
justificar la aparición de imágenes de familiares de tripulantes del submarino
San Juan, ni su individualización, ni los informes sobre sus movimientos y
reclamos, que forman parte de la denuncia.
Fuentes de la defensa del ex presidente aseguraron
que apelarán el procesamiento, con lo cual será la Cámara Federal de Mar del
Plata la que decidirá si Macri continúa o no procesado.
Fuente: Télam.