Mauro Blanco es fiscal adjunto de Venado
Tuerto, está suspendido por la Legislatura a raíz de una causa en la que se lo
vincula con una banda dedicada a la venta de drogas y este viernes quedó
detenido al cabo de un despliegue que incluyó 16 allanamientos, cuatro de los
cuales fueron en la vecina provincia de Córdoba.
La investigación del caso está en cabeza del fiscal de
Reconquista Leandro Mai. Los operativos fueron llevados adelante por el Organismo
de Investigaciones (OI). Se trata de 16 allanamientos: 12 de ellos en las
localidades del sur santafesino de Rufino y Venado Tuerto, y los restantes en
la cordobesa de Villa Dolores.
Blanco fue investigado por conversaciones telefónicas con
un vendedor de droga, a quien utilizó como fuente para una causa por robo de
armas en Hughes. El fiscal fue suspendido por la Legislatura santafesina y
es investigado por su colega Mai de Reconquista, en quien recayó la
responsabilidad de indagar los colaterales de una causa iniciada en la Justicia
Federal por parte del fiscal Javier Arzubi Calvo.
Blanco quedó apresado bajo sospecha del delito de cohecho
agravado. Esa pesquisa se inició en enero de 2020, a partir de una
denuncia radicada por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto y luego derivada, en
la parte que lo tiene bajo la lupa, al fuero provincial.
La Justicia Federal de Venado Tuerto fue la que detectó un
presunto vínculo entre Blanco y un comercializador de drogas de esa localidad a
partir de escuchas telefónicas. En ellas, al fiscal se lo oye coordinando la
compra de “revistas”, allanamientos e intercambio de información reservada del
Ministerio Público Fiscal (MPA). Esas grabaciones, más una serie de
seguimientos, ubican también al funcionario judicial en una casa de Roldán en
la que, poco después, fueron encontradas drogas y armas durante un
allanamiento.
La Justicia federal remitió la información a su par
provincial, y en enero último, la auditora general María Cecilia Vranicich
inició un proceso paralelo interno del MPA –disciplinario– por presunto
enriquecimiento ilícito.
De acuerdo a lo que indagó Vranicich, Blanco habría
utilizado información aportada por un dealer para avanzar con una medida de
búsqueda de armas de fuego en forma irregular: sin dejar constancia legal de
ese procedimiento ni solicitar órdenes de allanamiento a una vivienda.
Después, el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini,
ordenó una investigación penal e indicó que quedara a cargo de un fiscal de la
jurisdicción de Reconquista, para alejar sospechas y presiones.
En paralelo, el MPA remitió los datos acumulados sobre el
accionar de Blanco a la Legislatura. Allí, la investigación estuvo
encabezada por el senador justicialista del departamento 9 de Julio
Joaquín Gramajo, presidente de la Comisión de Acuerdos. El procedimiento
comenzó en abril de 2020, y el 22 de octubre siguiente el cuerpo decidió
suspender al ahora detenido funcionario judicial.
El
descargo
El 20 de febrero del año pasado, poco después de iniciarse
las investigaciones sobre él, Blanco había enviado un texto por WhatsApp al
portal La Voz de Venado Tuerto en el que hizo un descargo y rechazó las
sospechas sobre un mal desempeño suyo. Lo que sigue, es el texto completo de
ese mensaje.
“Vengo a limpiar mi buen nombre y el de mi familia, contaré
la verdad de lo sucedido.
Se me acusó de tener una relación opaca con un vendedor de
drogas, lo que es totalmente falso. Investigando un delito extremadamente
grave como es el robo a mano armada protagonizado por una banda sufrido por una
familia de Carmen, donde los ataron durante horas y amenazaron con matar a sus
hijos apuntandolos en la cabeza, robaron una gran cantidad de armas de caza.
El fiscal a cargo tomó licencia por paternidad. El
fiscal regional me solicitó que me abocara a la investigación junto al fiscal
Puyrredon.
En Murphy detuvimos a una persona y el juez le dictó
prisión preventiva.
Soy contactado por un vecino de venado tuerto quien aportó
datos del lugar donde se encontrarían las armas. No quiso que revelara su
identidad por temor a represalias.
Con la urgencia de sacarlas de la calle hablé
inmediatamente con el juez Revori solicitando allanamiento, no accedió por no
poderle revelar la fuente de la información. A las pocas horas ingresa una
denuncia anónima en la página web del mpa aportando datos de donde estarían las
armas.
El fiscal regional Sinopoli me pone en conocimiento y con
el fiscal Puyrredon contactamos al propietario de la finca quien permite la
requisa. Dentro del predio vivía una familia que estaba usurpando. Ingresamos
junto al fiscal Puyrredon, el fiscal Casullo y una decena de policías.
Secuestramos una itaka y una escopeta, que no tenían
relación con el hecho investigado. Se detuvo al morador y luego de dos
días se lo imputó ante el juez por tenencia ilegítima de arma de fuego.
Desconozco si el informante comercializa drogas. Es
totalmente falso que me suministrara estupefacientes.
La Fiscalía de Venado Tuerto, de Rufino y Melincué realiza
requisas voluntarias en el 90% de los casos. El código procesal penal de Santa
fe lo permite en el artículo 169. La medida fue legal.
Las calumnias de las que fui víctima le causaron un gran
daño mi familia.
La auditoría y los legisladores investigarán en profundidad
como corresponde. Cuando un fiscal se esfuerza al máximo por investigar un
hecho tan aberrante, lamentablemente suele pagar las consecuencias”.