La Procuraduría de Investigaciones
Administrativas (PIA) denunció a funcionarios del gobierno de Mauricio Macri,
entre ellos Marcos Peña y Gabriela Michetti, por contratar -eludiendo los
mecanismos legales del Estado-, a agencias de publicidad privadas para hacer
propaganda oficial por unos 291 millones de pesos.
El titular de la PIA, el fiscal Sergio
Rodríguez, presentó la denuncia por los presuntos delitos de “negociaciones
incompatibles con la función pública” ocurridos mediante contrataciones
directas de la Jefatura de Gabinete de Ministros en el período 2016-2019.
Las empresas denunciadas son Aura Advertising
SA, La Comunidad SA, Circus BA SA y Power República SA. Se trata de las
encargadas de las campañas publicitarias que se ofrecían bajo el formato de
supuestas filmaciones caseras con teléfonos celulares y aparecían en las
pantallas televisivas y en las redes sociales como expresiones espontáneas de
ciudadanos satisfechos con la inauguración de una carretera, una cloaca, una
red de gas o agua potable y otras obras públicas.
Los avisos no eran espontáneos ni
expresiones amateurs de simples ciudadanos sino un costoso trabajo encargado
mediante contrataciones directas, “sin concurso de precios y sin permitir la
competencia de otras empresas que pudieran mostrarse interesadas y
-eventualmente- ofrecer el cumplimiento de las prestaciones por un monto más
beneficioso para el Estado”.
Para ese objetivo -explica la denuncia de
la PIA- para lograr tal cometido, “los funcionarios de la Jefatura de Gabinete
de Ministros impulsaron la modificación del decreto 984/2009, el cual otorgaba
exclusividad a Télam SE en el desarrollo de la publicidad oficial. Ello fue
logrado a través del dictado del decreto número 978/2016, que fue suscripto por
la entonces Vicepresidenta Marta Gabriela Michetti, cuando estuvo a cargo del
Poder Ejecutivo Nacional”.
“Se pudo determinar que desde la
Secretaría de Comunicación Pública (dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros) se gestó un esquema de contrataciones de empresas publicitarias
relacionadas con el gobierno de turno, en flagrante violación a los principios
de las contrataciones públicas”, sostiene el escrito, que recayó en el juzgado
de Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención del fiscal Jorge Di Lello.
“Las empresas beneficiadas serían las
mismas que participaron en el desarrollo de las campañas publicitarias de la
coalición política Cambiemos en el marco de la contienda electoral que llevó al
Ing. Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación en el año 2015”, añade la
denuncia.
Las agencias, en algunas de las cuales
participan familiares políticos de ex funcionarios, “habrían sido las
encargadas de desarrollar la publicidad oficial de otros distritos gobernados
por el mismo signo político, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Vicente López”.
El nivel de informalidad fue de tal
magnitud que, siempre según la denuncia, “se observaron pagos realizados por el
Estado a las mismas empresas, sin la celebración previa de un contrato y en
clara violación a la normativa de contrataciones públicas”.