Por Irina
Hauser. Macri, el presidente de Argentina le hace una demanda multimillonaria
al estado argentino. Con la complicidad de la Justicia, el Grupo Macri continúa
su estrategia dilatoria en el caso del Correo Argentino. Tiene una deuda acumulada
de 4 mil millones de pesos que no paga y apuesta a ganar una demanda al Estado.
Una
nueva presentación judicial del Correo Argentino, del Grupo Macri,
que pide definiciones en una demanda que lo habilite a reclamar millones de
pesos en lugar de pagar su deuda con el Estado y la demora de un año de
la Auditoría General de la Nación (AGN)
en entregar un informe que se hizo por insistencia del Gobierno tras la
denuncia de la fiscal Gabriela Boquin–quien
puso freno a un acuerdo “ruinoso” para las arcas públicas– muestran que ha sido
efectiva la estrategia para que la empresa de la familia presidencial gane
tiempo y permanezca eximida de sus obligaciones. Mientras el sistema judicial y
el Estado le hacen el juego, el Correo sigue sin pagar su deuda acumulada desde
2001, hoy superior a 4000 millones de pesos, y dobla su apuesta a ganar su
demanda económica contra el Estado, en la que reclama intereses más altos de
los que se había acordado pagar.
Pasado mañana se cumple un
año desde el día en que el Correo y representantes del Gobierno debieron
sentarse a concretar un acuerdo justo en una audiencia ante la Cámara
Contencioso Administrativo, después que la fiscal Boquín denunciara y lograra
frenar un pacto firmado a mitad de 2016 donde el representante estatal aceptaba
casi la total condonación de la deuda de la empresa, que en sus orígenes
rondaba los 300 millones de pesos pero se multiplicó por los intereses. Era el
famoso anuncio de “foja cero” del Presidente. Pero el nuevo encuentro (una
suerte de Macri-Macri) no sucedió. El Estado pidió una prórroga de 120 días y
el Correo aplaudió. Los 120 días se convirtieron en más de 365 y una de las
excusas fue que se tenía que expedir la AGN, que es el órgano de control
externo de las cuentas y manejos estatales.
En medio del revuelo de un
año atrás, salió a la luz también que el Correo generó otras demandas en forma
paralela al expediente concursal para reclamar que le devuelvan millones de
pesos, por perjuicios que dice haber sufrido después de la expropiación durante
el gobierno de Néstor Kirchner.
Se llegaron a generar cinco expedientes que confluyen entre sí. Hay dos que son
los medulares: uno ante la jueza en lo contencioso administrativo Macarena Marra, donde la empresa pide 2.300 millones más
intereses, a tasas que rondan el doble de lo que ofrecían pagar como deuda,
hasta el valor de la tasa activa, que oscila entre 27 y 29 por ciento. En otro
expediente, ante la jueza Claudia Rodríguez Vidal,
plantean la inconstitucionalidad del decreto 721/04 que creó el Correo Oficial.
Como es evidente, si
Rodríguez Vidal hace lugar a la inconstitucionalidad, dará el plafón que
pretende el Correo para obtener lo que dice que debe ser un resarcimiento. Por
eso, en uno de los últimos movimientos en la táctica del Grupo Macri, el
abogado del Correo, Jaime Kleidermacher,
se presentó para reclamar que se “dicte sentencia” sobre ese tema, un apuro que
la empresa no mostró en 17 años por definir el expediente concursal. En la
causa que tramita Marra Giménez, es donde la firma definió sus pretensiones
económicas: cerca de 1.800 millones por inversión en instalaciones que pasaron
a manos estatales y más de 500 millones por “daños contractuales” por supuestos
pagos de canon en exceso, “servicios impagos” y “bienes no inventariados”,
entre otras cosas.
El
expediente donde tramita el concurso de acreedores, donde debió hacerse el
acuerdo razonable para el pago de la deuda del Correo, está prácticamente
paralizado desde marzo del año pasado, entrampado en una sucesión de
circunstancias asombrosas. El expediente propiamente dicho está ahora en un
juzgado federal, el de Ariel Lijo,
que lleva adelante una causa penal que involucra hasta al presidente Mauricio Macri, además de al ex titular del Ministerio de
Comunicaciones Oscar Aguad,
su representante legal, los síndicos de la quiebra y el juez de primera
instancia. La causa se derivó denuncia inicial de Boquín y otras posteriores.
En teoría, por ley, Lijo no lo podría tener más de cinco días, pero lo tiene al
menos desde fines del año pasado. Eso explica, en parte, que ni la jueza de
primera instancia, Marta Cirulli, ni la cámara, adopten grandes definiciones.
Pero, además, Boquín denunció maniobras de
vaciamiento de parte de las controlantes del Correo, las empresas del Grupo
Macri Socma y Sideco, a las que acusa entre otras cosas de ocultar bienes y
operaciones.Por este asunto el Correo intenta sacarla del caso,
y ahora está en plenos intentos por llevar esa discusión hasta la Corte. Como
telón de fondo, se suponía que todo estaba también a la espera del famoso
informe de la AGN, que preside el peronista Oscar Lamberto.
El informe, que es reservado,
fue enviado finalmente ayer al Congreso y será evaluado por la Comisión Mixta
Revisora de Cuentas. Señala algo que ya había dicho: que ese organismo no está
facultado para opinar sobre el expediente concursal, que es un tema que solo
puede tramitar en tribunales, aunque cuestiona el papel del Estado en todo el
proceso al considerar que no defendió sus intereses y es crítico de la
pretensión del Correo de reclamar la devolución de sus inversiones más daños a
tasas siderales. La tibieza de las conclusiones es lo que da algo de crédito a
las versiones periodísticas que circularon estos días y que sostienen que el
Gobierno está aliviado. Lo cierto es que siempre supieron en la Casa Rosada que
era poco probable que este estudio tuviera una conclusión estruendosa que
impacte en el devenir de los procesos judiciales que discurren en simultáneo, y
que hasta ahora han dado un caudal de oxígeno enorme a la empresa de la familia
presidencial.
El dictamen tiene los votos
de cinco de los siete auditores: Lamberto, Javier Fernández, Gabriel Mihura
Estrada (peronistas) y los radicales Alejandro Nieva y Jesús Rodríguez. Los
kirchneristas Juan Forlón y María Graciela De la Rosa firmaron en disidencia.
Ellos sí creen que se puede auditar el concurso y las consecuencias de la
actuación del Estado, no que es sólo una facultad judicial. Analizan el caso y
los perjuicios. El informe general está dividido en dos partes: una relacionada
con el concurso de acreedores, que la mayoría de auditores dice no poder
auditar; y el otro es una auditoría sobre el desempeño del Estado, que señalan
que nunca defendió sus intereses de manera apropiada. En particular sobre el
último intento de acuerdo de condonar, según la fiscal, casi el 99 por ciento
de la deuda, señalaron que el ministerio por entonces a cargo de Aguad que
participó en la audiencia no hizo ninguna evaluación económica que explicara
por qué acepta la oferta de pago hasta 2033 por un monto irrisorio.
Los auditores dicen algo
bastante cantado, que es que se debe arribar a un nuevo acuerdo en el contexto
judicial o bien los jueces de la causa decretar la quiebra. La gran pregunta que
sobrevuela es, por qué se reabrió tres veces el ya vencido “período de
exclusividad”, que no puede durar más de noventa días (en que la empresa
concursada debe ofertar formas de pago). La otra cuestión es por qué nunca un
juez o jueza decretó la quiebra. Las grandes beneficiarias de esa dilación son
las empresas controlantes, Socma y Sideco, cuyos balances la fiscal Boquín
hasta ahora se ha visto impedida de analizar, porque el Correo resiste. Ella
tiene la hipótesis de que ocultaron su actividad y operaciones ligadas al
Correo.
La
Comisión mixta revisora de Cuentas del Congreso, donde tienen mayoría entre
Cambiemos y el peronismo oficialista, puede tomar medidas como pedir
explicaciones o informes al Poder Ejecutivo y en algún caso extremo
judicializar algún aspecto. También es una decisión que se podría tomar en las
cámaras. Por ahora, la receptora del informe, es Gabriela Michetti,
como presidenta del Senado.
Uno de los hechos que mejor
ilustran la posición real del Gobierno frente a este tema (lejos de los
anuncios de nuevas reglas sobre incompatibilidades y a supuesta voluntad de
investigación) son los intentos insistentes desde octubre del año pasado por
cerrar el sumario abierto en la Procuración del Tesoro (el cuerpo de abogados
del Estado), que había sido abierto por Carlos Balbín, desplazado del cargo de
titular de esa dependencia precisamente tras suscribir un informe crítico sobre
el papel estatal y las dilaciones en el caso del Correo e impulsar la
investigación interna. Para ese entonces, el actual procurador del Tesoro
era Bernardo Saravia Frías, cuyo estudio
particular había representado a empresas del Grupo Macri. La Procuraduría de
Investigaciones Administrativas, a cargo de Sergio Rodríguez, que había pedido
que se hiciera el sumario en cuestión, se opuso al cierre por considerarlo
prematuro y advertir que no se había analizado todo lo que generaba dudas: la
actuación del representante estatal en el acuerdo de 2016 favorable al Correo,
el hecho de que el funcionario –Juan Mocoroa–
dijo que seguía instrucciones del Poder Ejecutivo mismo, y la posible violación
a la ley de Ética Pública. Rodríguez pidió la reapertura y la ampliación de la
pesquisa, lo que fue rechazado dos veces. Luego pidió la nulidad del último
tramo de actuaciones y ante Saravia Frías una reconsideración. Pero todo queda
en una encerrona.