El
gobierno comenzó a usar plata del Fondo de Garantía de la Sustentabilidad (FGS)
para equilibrar las cuentas públicas y cumplir con las metas fiscales
prometidas al Fondo Monetario Internacional. De esa manera pudo presentar su
balance del primer semestre con un saldo primario favorable de $ 30.221
millones, equivalentes al 0,1% del PBI. El resultado supera el piso de $ 20 mil
millones pactados con el organismo para la primera mitad del año.
El
dato saliente de la presentación efectuada por el ministro de Hacienda, Nicolás
Dujovne, fue que en junio los ingresos de capital (un rubro cuyo aporte casi
siempre resulta marginal para la caja oficial) significaron $ 64.572 millones.
De ese monto, $ 19.647 millones (casi un tercio) se explican por la
transferencia del FGS para cubrir los pagos a jubilados y pensionados en virtud
de la Ley de Reparación Histórica.
Hacienda
también informó que "se estiman transferencias adicionales del FGS a la
Anses, de julio hasta diciembre de 2019, del orden de los $ 10 mil millones
mensuales". De esa manera, hacia fin de año los giros de ese fondo
totalizarían cerca de $ 80 mil millones.
La
medida ya estaba en los planes oficiales. El 12 de junio del año pasado, cuando
el gobierno decidió recurrir al FMI, la carta de intención firmada por Dujovne
y el entonces presidente del Banco Central, Adolfo Sturzenegger, anticipaba que
"vamos a amortizar activos de los fondos de pensión que se encuentran
actualmente en posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar el
pago de pensiones". Así se refería al FGS, conformado por los títulos e
inversiones que poseían las AFJP en 2008, cuando se decidió el fin de las jubilaciones
privadas.
Desde
entonces, ese fondo creció gracias a las inversiones de la Anses. Su uso fue
mutando de fondo anticíclico para los momentos de recesión económica (así
arrancó cuando la crisis de 2009) a financiar proyectos productivos y luego al
propio Estado. Según el último informe del organismo, al 31 de marzo de este
año el FGS estaba valuado en $ 1,863 billones, equivalentes a casi U$S 43 mil
millones. Si bien uno de sus objetivos es respaldar el sistema previsional,
hasta ahora sólo se habían utilizado los intereses de las inversiones
financieras con ese fin. Ahora, comenzará a usarse el capital.
A privatizar
Además,
el gobierno también recurrió a las privatizaciones para aliviar la caja. De ese
modo reunió $ 40.416 millones por la venta de las centrales térmicas
Ensenada-Barragán y Brigadier López. La primera se la adjudicó un consorcio
formado por YPF y Pampa Energía y la segunda quedó en manos de Central Puerto,
uno de cuyos accionistas es Nicolás Caputo, de gran cercanía al presidente Mauricio
Macri. Otros $ 4180 millones se recaudaron por la concesión del área de
hidrocarburos Aguada del Chañar, en Neuquén, que YPF explotará hasta 2053.
Esos
números alteraron significativamente el cuadro fiscal. "El hecho
distintivo de la ejecución de junio estuvo dado por la evolución de los
recursos, que crecieron un 80,8% año contra año, a partir del ingreso de fondos
extraordinarios provenientes de la remisión de utilidades del Banco Central y
de la venta de activos financieros, los cuales no estuvieron presentes en junio
de 2018", estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Aun
así, el flujo de fondos que salieron del fisco fue gigantesco por culpa de los
intereses de la deuda pública, que insumieron $ 317.423 millones, diez veces el
superávit primario anunciado. De esa manera, el déficit financiero (saldo
primario menos intereses) fue en el primer semestre del 1,3% del PBI.
Este
número, al que el gobierno le resta importancia de manera sistemática, no pasó
inadvertido para analistas y consultores. El viernes, la calificadora
estadounidense Moody's cambió la perspectiva de la deuda argentina de estable a
negativa. Fundamentó su decisión en la incertidumbre política y en la
expectativa de que el próximo gobierno tenga que refinanciar sus compromisos con
el FMI. "El nivel de calificación (que se mantuvo en B2) equilibra una
creciente carga de deuda y un historial de volatilidad económica con un
desarrollo económico comparativamente alto y el apoyo del Fondo Monetario
Internacional", sostuvo.